¿Cuál es el camino de siempre? ¿Qué es lo que se le ocurre a cualquier político cuando se trata de buscar alguna medida que aparente una defensa del ciudadano? ¿Qué es lo que puede poner de acuerdo a grupos políticos diferentes para, todos a una, demostrar que la Cámara Alta tiene algo que hacer? En efecto, no puede ser otra cosa que la publicidad. El Pleno del Senado aprobó la semana pasada una moción por la que insta al Gobierno a promover medidas que garanticen la veracidad de la información publicitaria, dice la crónica periodística de Europa Press, “tal y como recoge una Directiva del Parlamento Europeo”. Pero no contento con eso, el Pleno de la alta cámara añade la solicitud al Ejecutivo de que impulse “la incorporación de espacios específicos de orientación, información y sensibilización sobre los derechos de los consumidores en los medios de comunicación, y que los envases y embalajes deben incorporar toda la información que sea relevante para los consumidores”.
Si esta la noticia la leyera, por ejemplo, un periodista lituano, llegaría a la rápida conclusión de que en España no se cumple con la normativa comunitaria en materia de consumo, publicidad, embalaje, etiquetado e información a los consumidores. Se imaginaría nuestro mercado como una especie de colmado del Far West o un gran mercadillo ilegal.