Los profesionales del sector citados son Marisa de Madariaga, Carlos Holemans, Rafael Silvela e Ignacio Olazábal, ex directivos de El Laboratorio; Juan de Andrés Gayón, Ángel Redondo, María Francisca Boix, ex directivos de Ruiz Nicoli Líneas, y José Luis de Rojas y Celia Caño, directivos de Equmedia. El auto judicial señala que Esperanza Aguirre supervisaba la supuesta caja b del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Según el auto, a cuyo contenido completo daba acceso El Confidencial, “la investigación arroja indicios racionales" de que Aguirre "sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad”. El documento añade que “las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la CAM"  y que "la supervisión y el control de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier Consejería en sus contratos de publicidad se habría centralizado al más alto nivel del Gobierno regional, bajo la supervisión de su presidenta, Esperanza Aguirre".