El siempre complicado asunto de las leyes que regulan la privacidad de los datos está en plena ebullición. La buena noticia es que el Tribunal Europeo ha fallado que el Estado español se excedió en la trasposición de la directiva europea de protección de datos, provocando un perjuicio a las empresas de nuestro país. No es un consuelo saber que se nos ha dado la razón a lo que decíamos años ha en este espacio, denunciando el comportamiento absurdamente quijotesco de un gobierno en perjuicio de sus empresas y su competitividad en un mundo cada vez más globalizado. Han tenido que ser el Tribunal Europeo y la insistencia del sector, encabezado por FECEMD, ahora Adigital, los que hayan puesto las cosas en su sitio. Pero, mientras tanto, han pasado nada menos que catorce años, se han impuesto multas descabelladas, se han cerrado empresas y otras muchas se han trasladado al otro lado de los Pirineos. Un disparate que llega a su fin y del que nadie va a ser responsable, ni siquiera político. De hecho, algunos han alardeado todo este tiempo de tener un país con la mejor ley de protección de datos, a costa del propio país.