Antena 3 y La Sexta han visto allanado el camino hacia su anunciada y deseada fusión después de que el Consejo de Ministros suavizara en buena medida las duras condiciones impuestas a la operación inicialmente por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). El hecho es una muestra más de la aparentemente exquisita sensibilidad que nuestros más recientes gobiernos han mostrado hacia los intereses de las compañías propietarias de televisiones privadas, que tuvo su primer capítulo en la paradójica autorización de dos licencias adicionales de televisión analógica (Cuatro y La Sexta) cuando el medio avanzaba irremisiblemente hacia la emisión digital, y siguió con la supresión de publicidad en Televisión Española, pretensión histórica y tenazmente perseguida por UTECA, a la que se accedió de manera apresurada sin tener en cuenta ni los intereses ni las opiniones de los agentes del mercado publicitario; la autorización sin mayores trabas de la fusión de Cuatro y Telecinco y, por fin, con esta suavización de condiciones para Antena 3 y La Sexta.
En este último caso cabe argumentar, al menos, que las condiciones impuestas a la fusión por la CNC suponían un notable agravio comparativo con aquellas que rigieron en la unión de Cuatro y Telecinco. Cabe preguntarse ahora si ésta última no gozó en su momento de un exceso de facilidades, pero parece que el Gobierno ha querido ahora que Antena 3 y La Sexta jueguen en un terreno parecido a aquel. El ejecutivo argumenta para justificar la fusión el interés general y el mantenimiento del pluralismo informativo. El del interés general es un argumento ya manido en este terreno de las televisiones (recordemos el caso, hace ya años, de la retransmisiones futbolísticas) pero no se entiende muy bien en este caso. Si el interés general es de la sociedad española, no parece que esta vaya a resultar beneficiada, ni perjudicada, por la realización de esta operación. El interés que mejor se ve atendido es el de ambas empresas de fusionarse, que por otra parte es perfectamente legítimo. Está por ver qué efectos tiene la operación en las programaciones de los canales afectados y, por tanto, en los espectadores que las siguen.
Para el mercado publicitario, que tiene en la Asociación Española de Anunciantes (AEA) a su agente más beligerante en esta cuestión, la decisión del Gobierno supone una nueva frustración o derrota. La AEA había mostrado su satisfacción al conocerse la condiciones impuestas por la CNC (entre otras cuestiones porque éstas impedían la formación de una sola empresa negociadora de la publicidad para todas las cadenas de la empresa fusionada) y ahora, lógicamente, ha aireado su descontento. El mercado televisivo se conformará en la práctica como un duopolio que controlará un porcentaje altísimo de la inversión en medios y ello puede contribuir al endurecimiento de las condiciones de negociación y compra de publicidad. Podrá discutirse si los gobernantes españoles tienen en cuenta o no a las empresas de nuestro país a la hora de diseñar sus estrategias, pero parece claro que en su dimensión de anunciantes, éstas no logran que su voz sea tenida en cuenta.
Con esta fusión, por otra parte, se pone fin al modelo de la nueva televisión de señal digital que quiso implantar el gobierno de Zapatero y que se ha demostrado inviable económicamente. Lo peor es que todo apunta a que el coste de esta arquitectura desplomada va a ser una televisión pública marginal.