El futuro de las televisiones autonómicas está sobre el tapete. La nueva ley impulsada por el gobierno central permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacer con sus normalmente muy deficitarios canales.
No es éste, como saben los lectores, un espacio donde hagamos análisis de tipo ideológico, sino pensando principalmente en los intereses de la industria de la comunicación comercial. Y, en ese sentido, la desaparición de todo medio de comunicación es siempre una oportunidad menos para que las empresas se anuncien y lleguen con propuestas interesantes a sus consumidores.
Parece por ahora que el riesgo de desaparición de estos operadores es contenido y que algunos de los que más pérdidas acumulan, o tienen el respaldo de su gobierno, o resultan sobre el papel candidatos atractivos como para generar interés en una licitación.
Lo que seguro que no entra en juego en todas estas decisiones es la necesidad de las empresas anunciantes de ámbitos autonómicos de contar con esos canales. La desaparición de la publicidad de TVE y de las desconexiones de las cadenas privadas ha dejado a ese mercado desasistido en muchas zonas. Es verdad que su caída ha sido proporcionalmente mucho más elevada (del orden del 40%), pero seguramente no ha sido por falta de interés de sus posibles clientes, sino por estar concentrada su publicidad en sectores que ahora vemos como de riesgo, cuando antes eran florecientes: financiero (cajas de ahorro), inmobiliario y todo lo que arrastraba (decoración, mobiliario, materiales de construcción, electrodomésticos, etcétera) y servicios públicos. Sin embargo, otros muchos sectores importantes, como el turismo o los servicios, necesitan situarse publicitariamente en un entorno regional como paso previo a una expansión nacional. De otra forma, el salto de una empresa de lo local a lo estatal sería muy complicado en muchos casos.
Por tanto, no es solo una cuestión de intereses culturales (idioma) o políticos, sino que también es muy lícito e incluso conveniente, plantear el asunto de las autonómicas en su vertiente económica. Sería bueno que se dejara de pensar en la publicidad solo y exclusivamente como una forma de financiar servicios, y se viera ya como una herramienta imprescindible de generación de flujo comercial, riqueza y empleos para empresas de todos los tamaños, incluidos esos emprendedores de los que todo el mundo es ahora portavoz. Pero imaginamos que en las alturas gubernamentales ahora preocupa mucho más qué hacer con el compromiso adquirido con las operadoras de telecomunicaciones para ocupar parte del espectro de las televisiones. Básicamente porque hay 800 millones de euros comprometidos para pagar la reantenización, que ahora no se pueden gastar. Veremos.