Internacional

WPP cierra un verano marcado por varios frentes judiciales

Demandas, investigaciones y nuevas acusaciones han marcado la presencia en medios del grupo británico

La británica WPP se encuentra inmersa en una etapa de profunda transformación bajo el liderazgo de Cindy Rose, que asumió el cargo de consejera delegada mundial del grupo hace justo un año. Pero, este verano, la evolución de su negocio no ha sido la única cuestión que ha mantenido a la compañía en el foco. Entre junio y agosto, diferentes procedimientos judiciales y regulatorios han vuelto a poner bajo escrutinio aspectos relacionados con su negocio de medios, desde los descuentos e incentivos derivados de la actividad de compra hasta la transparencia frente a los clientes y la información proporcionada a los inversores.

Cindy Rose, CEO de WPP.
Cindy Rose, CEO de WPP.

Uno de los primeros episodios se produjo a finales de junio, cuando se conoció que Di Fei, antiguo director de inversiones de GroupM (actual WPP Media) en China, había sido condenado a cadena perpetua en uno de los mayores casos de corrupción empresarial conocidos en el país asiático. Según fuentes familiarizadas con el procedimiento citadas por Bloomberg, Di Fei había sido declarado culpable en marzo de aceptar, junto a otros antiguos compañeros, sobornos por un total de 1.200 millones de yuanes, unos 176 millones de dólares, de empresas intermediarias a cambio de adjudicarles parte del negocio de comercialización publicitaria de WPP. Yao Lan y Hong Xin, otros dos antiguos empleados del grupo, fueron por su parte condenados a catorce años y medio y cuatro años de prisión, respectivamente. Di Fei ha recurrido la sentencia. WPP no es parte en ese procedimiento y un portavoz de la compañía ha señalado en el marco de este proceso que el grupo había cooperado plenamente con las autoridades y que respetaba la decisión del tribunal.

El caso chino tiene puntos de contacto con otro litigio, aunque ambos sean procedimientos jurídicamente independientes. Richard Foster, antiguo máximo responsable de Motion Content Group en GroupM, presentó el 11 de noviembre de 2025 una demanda contra WPP y GroupM Worldwide ante el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York argumentando que fue objeto de represalias y finalmente despedido después de advertir internamente sobre determinadas prácticas relacionadas con bonificaciones, descuentos e incentivos obtenidos derivados de la inversión realizada por los clientes.

La batalla se intensificó el 13 de agosto, cuando Foster presentó una demanda enmendada con nuevas acusaciones. El escrito hace referencia a una investigación que atribuye a Sony, cliente de WPP, y que, según Foster, habría llegado a conclusiones similares a las que él venía trasladando internamente. Sony no ha confirmado públicamente el contenido de esa investigación y las conclusiones recogidas en el escrito forman parte de las alegaciones del demandante, no de hechos establecidos judicialmente.

Entre la documentación incluida en esta demanda figura una diapositiva atribuida a Sony sobre China correspondiente al ejercicio 2024. Según ese material, alrededor de 110 millones de dólares en bonificaciones fueron transferidos a clientes, mientras que otros 350 millones permanecieron en una bolsa de incentivos comerciales para su utilización posterior por parte WPP. Foster sostiene que la situación no se limitaba a China y estima que, durante cinco años, GroupM habría retenido indebidamente entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en incentivos procedentes de operaciones basadas en bonificaciones e incentivos comerciales que, según su interpretación, debían haberse repercutido a los clientes. La demanda original cifra el valor total de estas operaciones en entre 3.000 y 4.000 millones de dólares durante ese periodo. Se trata, de nuevo, de cálculos y acusaciones realizadas por Foster que WPP rechaza.

WPP ha respondido con contundencia a estas acusaciones. La compañía considera que las demandas de Foster carecen de fundamento y, después de la presentación de la demanda ampliada, solicitó al tribunal que mantuviera bajo secreto diferentes párrafos, gráficos y documentos referentes a Sony por contener información comercial y de clientes que considera confidencial. WPP asegura, además, que Foster no ha explicado cómo obtuvo ese material y que su inclusión en la demanda puede vulnerar obligaciones de confidencialidad.

Este enfrentamiento vivió una nueva etapa en los últimos días de agosto. El pasado día 26, WPP pidió al tribunal sanciones económicas contra Foster y sus abogados, así como la desestimación con carácter definitivo de la demanda ampliada, la exclusión del despacho Brewer del procedimiento y que Foster revele cómo consiguió la información relativa a la investigación de Sony y quién tuvo acceso a ella. La defensa del exdirectivo de GroupM considera que la petición carece de fundamento y mantiene que su cliente fue despedido después de denunciar unas prácticas que consideraba irregulares.

La información a los inversores

A estos procedimientos se suma una segunda causa que ha adquirido especial protagonismo este verano. Los fondos de pensiones Teamsters Local 456 Annuity Fund y Teamsters Local 456 Pension Fund lideran una demanda colectiva contra WPP, Mark Read (el antiguo CEO del grupo), la directora financiera Joanne Wilson y Brian Lesser, CEO global de WPP Media. El procedimiento se tramita ante el juez Arun Subramanian en el Distrito Sur de Nueva York.

Mark Read, exconsejero delegado mundial de WPP.
Mark Read, exconsejero delegado mundial de WPP.

Aquí, el objeto de la disputa es diferente. Los demandantes acusan a WPP y a los directivos de haber realizado declaraciones falsas o engañosas a los inversores acerca del proceso de simplificación e integración de la compañía y, especialmente, de GroupM. La demanda sostiene que WPP transmitía públicamente que la transformación estaba avanzando con éxito mientras, siempre de acuerdo con los demandantes, persistían importantes problemas operativos, tecnológicos y comerciales que estaban afectando a su capacidad para competir y retener clientes. La acción cubre a inversores que adquirieron ADR de WPP, certificados que representan sus acciones en el mercado estadounidense, entre el 21 de marzo de 2024 y el 29 de octubre de 2025.

La demanda conjunta fue presentada el 13 de marzo de 2026 y se apoya, entre otras fuentes, en entrevistas realizadas a trece antiguos profesionales de WPP cuyos testimonios describen desde su perspectiva las dificultades experimentadas durante la transformación de GroupM, así como problemas relativos a sus capacidades de datos, tecnología e inteligencia artificial. En este sentido resulta preciso mencionar que se trata de testimonios aportados por los demandantes y no conclusiones judiciales.

La batalla procesal también ha ocupado buena parte del verano. WPP presentó una moción para desestimar la demanda el 8 de mayo; los fondos respondieron el 2 de julio y WPP presentó su réplica el 3 de agosto. Con ello ha finalizado la fase de alegaciones relativa a esa petición y queda pendiente la decisión del juez sobre la desestimación.

Presión regulatoria

La actualidad legal de WPP se completa con la presión de los organismos de competencia. Aunque sucedió antes del verano, el 15 de abril, la Federal Trade Commission y ocho estados estadounidenses presentaron una demanda contra Dentsu, GroupM y Publicis por una supuesta coordinación entre grandes agencias para establecer estándares comunes de brand safety. Ese mismo día se dictaron órdenes judiciales acordadas que establecen restricciones sobre la posibilidad de coordinar con competidores o terceros determinadas decisiones de compra de medios basadas en contenidos políticos o sociales. En el caso de WPP, la orden tiene una duración de diez años y contempla, además, un mecanismo de supervisión durante cinco años. Durante el verano, la actuación de la FTC se amplió también a Havas, que en junio aceptó una orden similar.

Además, el grupo mantiene otro frente abierto en India, donde la Competition Commission del país investiga desde 2025 una supuesta coordinación de precios, comisiones y descuentos entre compañías del sector. En marzo del año pasado, las autoridades llevaron a cabo registros en las oficinas locales de GroupM, Interpublic, Publicis y Dentsu, entre otras compañías. Documentación de la investigación revisada por Reuters indicaba que representantes de distintas agencias habrían intercambiado información comercialmente sensible y acordado determinadas estructuras de comisiones. En julio de este año, Publicis llevó a los tribunales un aspecto del procedimiento relacionado con la identidad jurídica utilizada por el regulador, devolviendo la investigación a la actualidad.

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