La reestructuración del servicio de televisión por parte del gobierno anterior no deja de dar problemas, como augurábamos. Y mucho nos tememos que así será durante largo tiempo. El último espectáculo con el fallo del Supremo anulando el reparto de frecuencias de la TDT y la posterior presentación de recurso contencioso- administrativo por parte de UTECA, es un penoso ejemplo de lo que decimos. No es fácil dar o quitar razones a unos u otros, pero parece bastante chusco que, por un lado, se aluda a la inseguridad jurídica que provoca la sentencia y, por otro lado, se asegure que se está llegando a un acuerdo con el Gobierno para que todo siga igual. No se nos ocurre mayor inseguridad jurídica que un Gobierno que deja de aplicar una sentencia del Tribunal Supremo.
Pendiente está también la resolución de Bruselas sobre la financiación de la televisión pública por una tasa a las operadoras de telecomunicaciones, aunque todo el mundo sabe que tras las maniobras dilatorias hay una más que probable sentencia en contra que supondría la devolución casi imposible de lo cobrado y, por tanto, dudas serias sobre la continuidad de la existencia de la televisión pública como hoy la conocemos.
Y la verdad es que allí donde se mire en el tema de la regulación televisiva aparecen disfunciones, en lugar de un panorama que se presumía haber dejado resuelto el tema por muchos años. Ni siquiera una autorregulación seria, que tan bien ha funcionado en publicidad, ha podido con este sector. La semana pasada, la Asociación de Usuarios de la Comunicación, que siempre ha sido partidaria de este sistema, lanzaba un comunicado un tanto ambivalente por el que, de un lado, se congratulaba de los éxitos de la SETSI a través de la Comisión Mixta que aplica el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos al que se adhirieron las cadenas (y del que forma parte la propia AUC) y, de otro, lo juzgaba claramente insuficiente y carente de fuerza para retirar programas de todos conocidos que siguen en horario infantil.
Su apuesta pasa por intentar de nuevo la creación de una autoridad audiovisual independiente, ahora bajo la nueva e integradora Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En un pasado cercano fue imposible lograrlo incluso bajo una Comisión Nacional mucho más especializada, así que imaginemos lo que será ahora con lo que estará suponiendo la integración de funciones bajo esta macro comisión nacional creada por el actual Gobierno y el lugar que ocupará este asunto en sus prioridades.
Añadamos a esto la situación de varios entes autonómicos de radio y televisión y tendremos un panorama desolador y, lo que es peor, sin visos de resolverse a corto plazo.