¿Cuál es el camino de siempre? ¿Qué es lo que se le ocurre a cualquier político cuando se trata de buscar alguna medida que aparente una defensa del ciudadano? ¿Qué es lo que puede poner de acuerdo a grupos políticos diferentes para, todos a una, demostrar que la Cámara Alta tiene algo que hacer? En efecto, no puede ser otra cosa que la publicidad. El Pleno del Senado aprobó la semana pasada una moción por la que insta al Gobierno a promover medidas que garanticen la veracidad de la información publicitaria, dice la crónica periodística de Europa Press, "tal y como recoge una Directiva del Parlamento Europeo". Pero no contento con eso, el Pleno de la alta cámara añade la solicitud al Ejecutivo de que impulse "la incorporación de espacios específicos de orientación, información y sensibilización sobre los derechos de los consumidores en los medios de comunicación, y que los envases y embalajes deben incorporar toda la información que sea relevante para los consumidores".
Si esta la noticia la leyera, por ejemplo, un periodista lituano, llegaría a la rápida conclusión de que en España no se cumple con la normativa comunitaria en materia de consumo, publicidad, embalaje, etiquetado e información a los consumidores. Se imaginaría nuestro mercado como una especie de colmado del Far West o un gran mercadillo ilegal.
Uno se pregunta si sus señorías reclaman más leyes porque desconocen las muchas docenas de ellas que regulan la actividad publicitaria a escala local, autonómica, nacional y sectorial, entre ellas por cierto una Ley Orgánica de Defensa de los Consumidores y una Ley General de Publicidad en las que se le exige veracidad; o  quizás lo que están pidiendo es una mayor labor inspectora. Uno no sabe tampoco si por la Comisión de Consumo del Senado han pasado expertos en la materia, por ejemplo de Autocontrol de la Publicidad, que han hablado de la inexistente alarma social que hay en nuestro país por la publicidad, o es que se han leído la famosa encuesta europea con la que la directora general de Consumo regañó a los anunciantes españoles en la pasada asamblea general de la AEA.
 
En cualquier caso, es profundamente desesperante que con toda la abundancia normativa (general, autonómica y sectorial), que tienen que soportar las empresas españolas, a veces en detrimento de su competividad y la unidad de mercado, con un sistema de autorregulación que en sólo quince años es la envidia de Europa y en el que participan la industria, los consumidores y la Administración, y después de haber adecuado varias veces todo nuestro sistema normativo a las directivas europeas (a veces con retraso, eso es cierto, pero sin ningún efecto negativo), los senadores se pongan de acuerdo en lo de siempre: en que hay que atar en corto a la publicidad. Sería de preocuparse en otras circunstancias, pero en las actuales, lo que resulta es francamente aburrido.