La participación de estas tres entidades otorga a esta iniciativa una representatividad suficiente tanto a nivel nacional como regional para convertirse en una herramienta con la que el sector pueda no solo demostrar a las diferentes administraciones cuál es la realidad en torno a la convocatoria de concursos públicos sino, también, un decálogo sobre cuáles serían las mejores prácticas en este ámbito, de acuerdo con una serie de criterios profesionales establecidos en el Observatorio.