Hay que señalar, no obstante, que la ley aprobada por el gobierno australiano será revisada en el plazo de un año. En cualquier caso, es un paso en firme en un conflicto que mantienen algunos editores con las tecnológicas desde hace décadas. Agudizado, sin duda, por la disminución de los ingresos publicitarios de la prensa a escala global y la necesidad de encontrar un modelo de negocio y la rentabilidad en el terreno digital. Una búsqueda en la que se inscriben los movimientos hacia los modelos de suscripción impulsados por algunas grandes cabeceras y en los que los datos de las audiencias adquieren un valor añadido.