El cierre de un primer grupo de nueve canales se produjo a raíz de un recurso administrativo presentado contra el reparto de frecuencias de la TDT entre los operadores privados. El Tribunal Supremo entendió que legalmente no se habían consolidado dichas concesiones, que procedían del Plan Técnico del 2005, puesto que fueron confirmadas por una resolución del Consejo de Ministros días después de la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, norma que impide atribuir espectro radioeléctrico sin el pertinente concurso público.