España podría seguir los pasos de países como Austria, donde desde el pasado mes de diciembre los jóvenes menores de 16 años no pueden acceder a una lista de redes sociales, o Francia, en el que recientemente, la Asamblea Nacional aprobó liminar el acceso a los menores de 15 años. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha postulado en esta misma dirección durante su intervención en el World Governments Summit que se celebra estos días en Dubái. También ha informado sobre la alianza establecida con otros cinco países europeos con el objetivo de establecer una nomramativa "más estricta, más rápida y más efectiva de las redes sociales”, cita el diario El País. De hecho, Portugal es otro de los países europeos que acaba de anunciar también medidas similares. Estos países "se reunirán por primera vez en los próximos días y llevarán a cabo acciones coordinadas a nivel multinacional", continúa la información.
En sus declaraciones durante el World Governments Summit, recogidas en este periódico, el presidente del Gobierno ha asegurado que en nuestro país se prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, “obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, una medida ya contemplada en el proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales, que está actualmente en tramitación en el Congreso, y que va en la línea de los pasos que están dando otros países de nuestro entorno, como Portugal o Francia”.
Medidas
Son varias las medidas que el presidente del Gobierno ha anunciado en esta dirección, recogidas hoy por la prensa.
Entre ellas, una modificación de la legislación “para que los directivos de las plataformas sean legalmente responsables de las múltiples violaciones que tienen lugar en sus plataformas. Eso significa que los consejeros delegados de esas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran contenidos de odio o ilegales”, de manera que la responsabilidad por infracciones recogida en el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) se trasladaría, además, a sus directivos. También, que se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales; la implantación de un sistema de medición y cuantificación del odio y la polarización en las redes a través de una herramienta que será la base para futuras sanciones, así como la investigación y enjuiciamiento de “los delitos cometidos por Grok [la inteligencia artificial de X], Tiktok e Instagram”, se cita en la misma información. Una medida, esta última, que se equipara con la investigación abierta desde la Comisión Europea precisamente para determinar si X, a través de su herramienta de inteligencia artificial ha incurrido en delitos de violencia sexual contra la infancia.
