El anuncio hecho por Pedro Sánchez durante su intervención en el World Governments Summit en Dubái, sobre el plan que presentará el Gobierno de España para prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales (en consonancia con lo que está ocurriendo en otros países como Australia, Francia o Portugal) ha puesto sobre la mesa un debate de gran calado.

La limitación de la edad de acceso es una de las medidas que contempla la propuesta anunciada. Además, entre ellas se contempla también una modificación de la legislación para ampliar a los directivos de las plataformas la responsabilidad legal sobre la actuación de estas (algo que, de momento, ha sido matizado desde Bruselas); la tipificación como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales, la implantación de un sistema de medición y cuantificación del odio y la polarización en las redes a través de una herramienta que será la base para futuras sanciones, así como la investigación y enjuiciamiento de los delitos cometidos por Grok [la inteligencia artificial de X], Tiktok e Instagram. De hecho, desde el Ministerio de Juventud e Infancia ya se había trasladado a la Fiscalía una solicitud para investigar si X, a través de Grok, ha incurrido en delitos de difusión de contenido de violencia sexual contra la infancia. Una medida, esta última, que se equipara con la investigación abierta desde la Comisión Europea precisamente para determinar si X, a través de su herramienta de inteligencia artificial ha incurrido en delitos de violencia sexual contra la infancia.
De momento, las redes sociales consultadas por Anuncios han declinado hacer valoraciones sobre este anuncio. Los que sí se han pronunciado han sido los dueños de algunas de ellas, como Pável Dúrov, CEO y fundador de Telegram, en un mensaje masivo a los usuarios de esta red en España, que señalaba que estas medidas “pueden convertir a España en un Estado vigilado bajo el pretexto de la protección”, o Elon Musk, dueño de X, que acusaba a Pedro Sánchez de “traidor al pueblo de España”.
Sector
Anuncios ha trasladado a varias organizaciones una consulta para valorar qué impacto pueden tener estas medidas en el sector y el mercado publicitario. De momento, como confirman desde la Asociación de Agencias de Medios (AM), aún no tienen una valoración de ese impacto. Pero sí han resaltado desde esta organización que “nos sumamos a cualquier medida que suponga proteger a los niños y adolescentes de un consumo inadecuado de las redes sociales que perjudica su salud y la convivencia. Sabemos que hay cierto consenso entre los profesionales de la psicología y educación sobre la conveniencia de limitar el tiempo que los jóvenes pasan en las redes sociales. Desde AM queremos, en este y en cualquier otro tema, lo mejor para la sociedad y quienes la integramos”.
"Hay cierto consenso entre los profesionales de la psicología y educación sobre la conveniencia de limitar el tiempo que los jóvenes pasan en las redes sociales"
También desde IAB Spain, Gonzalo Martínez, responsable de jurídico y relaciones institucionales en declaraciones a Anuncios señala que desde la asociación “seguimos con atención el anuncio realizado por el presidente del Gobierno y consideramos que cualquier regulación destinada a reforzar la protección de los menores debe construirse desde el equilibrio y la viabilidad técnica. En este sentido”, continúa, “es fundamental impulsar un marco regulatorio coherente y armonizado a nivel europeo que permita una verificación de edad eficaz sin generar cargas excesivas para el sector o para la ciudadanía. Una vez se conozca el alcance definitivo de la propuesta, podremos evaluar su repercusión en el entorno digital”, añade.
"Es fundamental impulsar un marco regulatorio coherente y armonizado a nivel europeo"
“La prohibición del acceso de menores a las redes sociales puede ser necesaria, pero no suficiente si no va acompañada de educación. Sin formación y concienciación, la prohibición por sí sola no evita que los adolescentes sigan accediendo”, explica José Gabriel García, CEO de Agencia Phi y experto en estrategia digital, en un comunicado difundio a los medios. Apunta, además, que este debate “está ligado al problema del anonimato en redes sociales, que facilita mensajes de odio y conductas irresponsables. La libertad de expresión debe ir unida a la identificación y a la asunción de responsabilidades mediante sistemas de verificación seguras que protejan a los menores y mejoren la seguridad del entorno digital”. Además, advierte de que el problema ya no son solo las redes tradicionales. “La irrupción de la inteligencia artificial, con casos recientes como Grok generando desnudos falsos o contenido sexualizado, plantea riesgos aún mayores: desinformación, hiperestimulación, pérdida de referentes y normalización de contenidos extremos”.
“La prohibición del acceso de menores a las redes sociales puede ser necesaria, pero no suficiente si no va acompañada de educación"
Así, pues, considera que la propuesta del Gobierno para retrasar el acceso a las redes sociales hasta los 16 años “abre un debate urgente que va mucho más allá del control parental: ¿estamos protegiendo a los menores o llegando tarde a un problema estructural de la digitalización?”. En la nota también se plantea que las redes sociales están diseñadas para captar atención sin tener en cuenta el desarrollo emocional y cognitivo de los menores, de manera que esa exposición temprana está impactando en su salud mental, su autoestima y su forma de relacionarse con el mundo.





