Los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero no se distinguieron por una especial dedicación a la materia publicitaria, lo cual, normalmente, es de agradecer.
Hubo, eso sí, una excepción de carácter indirecto, pero muy sonada ya que, cuando se propuso cambiar el modelo de financiación de RTVE, provocó un cataclismo en el ecosistema publicitario que aún no se ha frenado del todo.
Desoyendo todas las advertencias del sector, la vicepresidenta siguió adelante con su plan de sacar la publicidad de TVE y sustituir sus ingresos por una porción del canon sobre el espacio radioeléctrico, una aportación de las televisiones privadas (las grandes beneficiadas por esta decisión) y otro canon cargado a las operadoras de telecomunicaciones, justificado por las actividades de éstas en la difusión televisiva, pero calculado sobre el total de sus ingresos.
La arbitrariedad de este último era tan flagrante que el Consejo de Estado advirtió claramente de ello al Gobierno. La interpretación de éste, sorprendentemente, fue que el Consejo avalaba el proyecto de ley en toda su extensión. Ahora la ex vicepresidenta es miembro del Consejo de Estado y suponemos que sus informes le merecerán más respeto que entonces.
Los sindicatos apoyaron la idea pensando que de esa forma el futuro de RTVE quedaba salvaguardado. Una interpretación que desde estas páginas consideramos ingenua.
El modelo habría hecho aguas tarde o temprano. Lo habría hecho por una más que probable decisión final de Bruselas a favor del recurso de las operadoras y en contra de la ley. Eso, que ya ha ocurrido aunque haya recurso por medio, llevará aparejada la devolución de lo pagado por las operadoras y se sumará a la multa que ya tiene el Estado español por incumplir la directiva de televisión (en este capítulo hay que convenir que ha sido todo disparate sobre disparate, recordemos la chapucera concesión de dos licencias analógicas -poco antes de adjudicar la TDT- enmendada luego por ley). O lo habría hecho por un cambio de gobierno hacia un partido menos proclive a los medios públicos. Esto ha ocurrido ya y el PP, que votó a favor de la ley de financiación de RTVE y a su tramitación por la injustificada vía de urgencia, ahora no sólo critica la ley, sino que se encuentra atrapado por ella. Es seguro que TVE va a recibir 200 millones menos del Estado. Volver a introducir la publicidad, algo que la AEA no deja de reclamar, parecería lo más razonable para evitar un desastre que podría incrementarse por la desaparición de los ingresos previstos procedentes de las operadoras, pero la propia ley lo impide. Una pena para los anunciantes televisivos, perjudicados por una zona en sombra muy importante en su audiencia.
Y hablando de zonas oscuras, están también las que en su momento se detectaron en la ley, como los patrocinios, que podrían suponer una vía de solución, pero que los servicios jurídicos de TVE lo interpretaron de forma restrictiva. Unos bonitos informes a los que se puede agarrar ahora UTECA para impugnar cualquier retorno de TVE al mercado publicitario. ¿Una nueva ley o reforma de ésta por procedimiento urgente? Sería un espantoso ridículo, pero factible. Por el momento, lo que es seguro es que el modelo está resultando un desastre completo para TVE.