En el mismo, ambas asociaciones denuncian “el abuso que se produce con estas licitaciones por medio de contratos públicos y acuerdos marco que vulneran principios constitucionales esenciales de nuestra sociedad como el de igualdad, puesto que se discrimina sin razón alguna a un parte esencial los actores del sector de la publicidad, solo permitiendo que sean los medios previamente seleccionados quienes monopolicen estos nuevos contratos y acuerdos marco, actuando las administraciones de forma contraria a lo dispuesto en la Constitución Española y los Tratados de la Unión Europea”.
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