Según el último informe del Observatorio de Concursos de Publicidad de la Administración, elaborado por La Fede y ACT, en el primer trimestre del año en curso se ha producido un empeoramiento de las condiciones de los concursos de publicidad convocados por las distintas administraciones, especialmente la local, teniendo en cuenta los criterios que la industria considera idóneos y que están recogidos en la metodología de este informe.
Por resumir a grandes rasgos cómo ha sido la evolución en este primer trimestre: el 52% valora el precio más bajo por encima de la estrategia, la creatividad y las ideas; el 84% exigen una alta facturación para participar, lo que, de facto, supone una discriminación para las pymes (que, no obstante, ha sido uno de los pocos aspectos que ha mejorado respecto a la ola anterior cuando suponía el 86,6%), y el 48% contempla menos de tres semanas para presentar las campañas y propuestas técnicas, tiempo que marca el umbral entre lo aceptable o no. Y la inmensa mayoría, un 94,9% del total, establece exclusivamente la vía electrónica para presentar las propuestas, un mecanismo que, se queja reiteradamente la industria, puede sufrir problemas técnicos.
Entre enero y marzo de este año, el conjunto de la administración pública (estatal, autonómica, local y empresas participadas) ha convocado un total de 1.503 concursos en el ámbito de la publicidad y la comunicación, con un presupuesto total de 484,1 millones de euros. De ellos, 287 son para campañas de publicidad o compra de medios, con un presupuesto total de 227,3 millones de euros. De todos ello, el informe ha tenido en cuenta los 98 concursos con más de 100.000 euros de presupuesto, que suman un total de 217,1 millones de euros, es decir, se ha analizado el 34,1% de los concursos de publicidad y medios que suponen el 95,5% del presupuesto total que prevé invertir la administración en estos servicios.
Por otra parte, aunque todas las administraciones incumplen los criterios del Observatorio, con un índice medio y general de incumplimiento del 69,8%, prácticamente igual que el 70,2% del trimestre anterior. En esta ocasión, los responsables del informe llaman la atención sobre el empeoramiento mostrado por la administración central, que empeora su índice en casi 18 puntos, del 54,9% al 72,3%, mientras que el resto muestran, o bien cierto grado de estabilidad, o bien, como en el caso de la provincial, un claro signo de mejora, dado que ha pasado de un índice de 76% al 66%.
