El pasado viernes, la Asociación de Usuarios de la Comunicación, ACU, emitió un comunicado en el que manifiesta su posición ante el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica. La asociación, que recuerda que el citado proyecto "no plantea la privatización de los canales autonómicos, sino la posibilidad de privatizar total o parcialmente (mediante la externalización de servicios) la gestión", reafirma el carácter de servicio esencial de interés económico general, así como su fucíón y misión de serivico público. Así, indica la AUC, "la gestión privada no podrá poner en cuestión el mantenimiento y fomento de un entorno transmediático, con radio, televisión e Internet en convergencia. De hecho, se mantiene en la norma la obligación de que “todo prestador del servicio público de comunicación audiovisual deberá contar con la organización y estructura suficiente y necesaria para asegurar el cumplimiento de la misión de servicio público que le haya sido encomendada”.