Unas elevadas exigencias económicas, así como un no poco importante riesgo comercial, junto a las cuantiosas inversiones iniciales requeridas han puesto fin a uno de los mayores concursos publicitarios convocados este año: el presentado por Aena para asignar la explotación publicitaria de la red de aeropuertos de España. Ninguna oferta se ha presentado, lo que obligará al operador aeroportuario a convocar una nueva licitación.

Como se recordará, a comienzos de año, Aena informaba de que su consejo de administración había aprobado el lanzamiento de un concurso que recogía un nuevo modelo “diseñado a partir de la realización de más de una veintena de entrevistas a operadores publicitarios y agencias con el fin de detectar sus inquietudes y estudiar sus propuestas”. De resultas de aquellas consultas, unos días después se abría el periodo de concurso que concentraba en un único lote todo el patrimonio de la entidad, con el objetivo, asimismo, de asignarlo a un único ofertante, en lugar de los cuatro que en la actualidad trabajan para la compañía: Exterior Plus, que se encarga de los aeropuertos del centro de España y Cataluña; Promedios, de los aeropuertos del norte, noroeste, Comunidad Valenciana y Murcia; JFT, los de Andalucía y Canarias, y NB Media, de los de Baleares.
Según las bases del concurso, el nuevo contrato contemplaba un valor estimado en más de 1.000 millones de euros y una duración de diez años. La idea inicial es que la compañía que resultase adjudicataria comenzase a operar a partir de junio de 2028, excepto en el caso de los aeropuertos de Baleares, cuyo actual contrato expira en diciembre de este año, por lo que su duración final sería de 11,5 años, desde diciembre de 2026 a junio de 2038. La superficie publicitaria en los aeropuertos de Aena contemplada en las bases del concurso incluye espacios en terminales, zonas de embarque y llegada, áreas comerciales, zonas de aparcamiento, con más de 1.500 soportes en más de 9 millones de metros cuadrados.
Según datos del mercado, Aena esperaba ingresar alrededor de 570 millones de euros por cánones vinculados al número de pasajeros o a un porcentaje de las ventas, un dato que las exclusivistas consideran que dificulta la rentabilidad del proyecto.





